El Departamento de Seguridad Ciudadana de Vitoria-Gasteiz ha acabado imponiendo una multa de 120 euros al representante de ATEA que trataba de documentar la carrera de burros durante el pasado Día de Santiago en pleno centro de la capital. En el informe policial (firmado tras presentar ATEA una queja formal por la bochornosa actuación de ciertos agentes durante el evento) se acusaba a nuestro presidente de “intentar entorpecer la carrera en varias ocasiones”, acusar a los agentes de ser “peleles del alcalde” y “negarse a ser identificado en varias ocasiones”. Desde nuestra asociación se han negado en todo momento dichas acusaciones, pues parece lógico pensar que los numerosos medios presentes en el acto los hubieran recogido en sus respectivas crónicas. Nadie hizo la menor mención a los “altercados”, simplemente porque no hubo tales (salvo en la mente de cuatro agentes de la Policía Local: 316, 4233, 4128 y 4134). Las únicas imágenes de nuestro portavoz aparecidas en prensa muestran a una persona que se limita a tomar imágenes de los hechos con absoluta parsimonia.
Tras nuestra primera alegación a la propuesta de sanción, desaparecen ya las dos primeras acusaciones, aunque ciertamente grave es que alguien, ante varios miles de personas y con una amplia polémica mediática a lo largo de las semanas precedentes, intentase “entorpecer la carrera en varias ocasiones”, sin que ningún medio recogiera tales momentos ni hiciera mención alguna sobre ellos en sus crónicas. Así las cosas, no resulta difícil llegar a la conclusión de que quizá los agente mientan con descaro, a sabiendas de que están protegidos por la conocida “presunción de veracidad”, que en cualquier caso, y con la ley en la mano, ha de verse apoyada por algún tipo de documento demostrativo. Pues bien, y a pesar de habérsele sido solicitado este, el DSC se ha enrocado en la “palabra de los policías”, que en sus posteriores ratificaciones del inicial informe pasaron a decir que el número de veces que el acusado se negó a ser identificado fue de “innumerables”. Entre otros muchos detalles, no se comprende por qué alguien con dicha reiterada actitud entrega finalmente su documentación (pues lo cierto es que la identificación en efecto se produce). Vista la secuencia de los hechos, ATEA estima que estamos ante un verdadero “impuesto ideológico” por parte del Ayuntamiento gasteiztarra, con muchas más posibilidades de ser recaudado que las que tiene el acusado de demostrar su inocencia. No importa que nadie viera los “desórdenes públicos”, o que desde ATEA se hayan facilitado al DSC vídeos que demuestran que varios agentes estaban allí para proteger a los blusas y a las neskas antes que para garantizar el derecho de quienes intentaban documentar una posible vulneración de la normativa vigente en materia de protección animal.
Por último, consideramos asimismo que los medios de comunicación que cubrieron in situ el evento tienen algo que decir al respecto: por qué no informaron sobre el “repetido intento de obstaculizar la carrera”, ni por qué obviaron en su información que alguien se negó “en innumerables ocasiones” a facilitar su filiación a los agentes de la Policía Local que así se lo requirieron. Aunque nada más sea que por el sagrado rigor informativo, algo deberían decir al respecto. Lo que sí recogieron algunas crónicas es que parte del público regaló a nuestro compañero calificativos como “hijo de puta”, extremo que –sorprendentemente– ningún agente apreció.
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